Represión, protocolo y ceremonial

Por Rocío Melonaro

A fines de octubre se hizo público un nuevo protocolo para la detención de las personas del colectivo LGTB, diseñado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y publicado en el boletín oficial. La medida que, a excepción de uno o dos puntos, no hace más que instar al cuerpo policial a respetar las normas del debido proceso, permite analizar las condiciones político-sociales en las que se inscribe esta situación y, por otro lado, el particular momento en el que se hizo público.

El “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.” establece, como primera condición, que la acción debe ser realizada por personal policial femenino quien “actuará de conformidad con el modelo de Uso Racional de la Fuerza”. Ignorando así, desde su inicio, la posibilidad de diversidad de género y orientación sexual dentro de la misma fuerza y otorgando al cuerpo femenino una suerte de delicadeza innata propia del determinismo biológico; el primer punto expresa, por tanto, plena ignorancia en materia de igualdad de género y diversidad sexual.

En cuanto al resto de las condiciones, refieren al resguardo de la integridad física, los derechos personalísimos, la identidad de género y la dignidad de la persona detenida; la prohibición de someterla intencionalmente a dolores o sufrimientos graves -sin aclarar qué es considerado de gravedad-, castigo, intimidación o coacción. Limitaciones que deberían aplicarse por protocolo en todas las detenciones ejercidas por la fuerza policial y que, aún así, no se respetan.

Marco político – “Si no se van a los cinco o diez minutos, los sacamos”

En febrero de 2016, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hizo público el “Protocolo de actuación en las manifestaciones Públicas” o también llamado “antipiquete”, el cual delimitó los márgenes de legalidad -o ilegalidad- de las manifestaciones en el espacio público. Lo cual, en el marco de despidos masivos del pasado año –en el 2016 se registraron 6.491 piquetes en todo el territorio nacional– no es menor.

Como era previsible, las consecuencias de la desocupación, la desindustrialización, el giro de los recursos al mercado financiero y el desmantelamiento del ámbito público, traen consigo un fuerte cuestionamiento y lucha social que se refleja en el espacio público y lo interviene. Esa “espectacularización” de la crisis -a la que hace mención Leonor Arfuch en su artículo “Cultura y crisis: intersecciones“- ese modo público de verla es, quizás, el punto de interés de los valores “protocolares” del actual gobierno y del monopolio mediático oficialista que -lo- contiene.

En tanto aquella “dislocación radical” no se manifieste, en tanto la visibilidad de la crisis siga siendo “lxs otrxs”, la criminalización de la protesta es la mejor herramienta del gobierno ya que no sólo logra un desfile de poder de las fuerzas de seguridad reprimiendo a lxs manifestantes, sino que además exacerba la identificación de aquellxs que se saben interpeladxs por el slogan de Cambiemos, “En todo estás vos”.

Son la manera organizada de implementar un estado represivo, consciente de las resistencias y luchas sociales que forjan

Si la criminalización entonces es el recorrido para llegar al reconocimiento, los protocolos del Ministerio de Seguridad son la puesta en práctica de una estrategia mediática para discernir entre aquello que es legal o ilegal, aquello que es simplemente vulnerable o aquello que resiste. Son la manera organizada de implementar un estado represivo, consciente de las resistencias y luchas sociales que forjan.

 

Marco social

Otro dato respecto de la publicación del protocolo de detención es su contexto temporal, ya que se hizo público a semanas de la detención arbitraria de Mariana Gómez por parte de la policía Metropolitana en la estación porteña de Constitución. El caso tuvo repercusión mediática por el fuerte repudio que provocó el video en el que se veía a oficiales de la Metropolitana deteniendo a Gómez haciendo un uso excesivo de la fuerza y sin otro motivo que haber besado a su esposa, Rocío Girat.

El protocolo, entonces, surge como una aparente “modernización” de las fuerzas de seguridad en consonancia con los derechos obtenidos por la comunidad LGTBIQ a través de nuevas legislaciones en el anterior gobierno, como el matrimonio igualitario, Igualdad de Género o la Ley de Identidad de Género. Sin embargo -excluyendo incluso el aspecto negativo respecto de la intervención obligatoria de personal femenino- y tal como indicaron diversas organizaciones de la comunidad, “si las fuerzas de seguridad efectivamente respetaran y cumplieran las leyes vigentes, los derechos humanos -en general-, y la Ley de Identidad de Género -en particular-, no tendría razón de existir este Protocolo”.

“Diversas organizaciones lo consideraron una ‘provocación’ de acción

La particularización de la comunidad en casos de detenciones resulta, entonces, más un caso de discriminación negativa que positiva. A días de la XXVI Marcha del Orgullo Gay en Buenos Aires, diversas organizaciones lo consideraron una “provocación” de acción por parte de la fuerza más que un marco regulatorio que lxs proteja, tratándose del mismo Ministerio de Seguridad que ordenó el desalojo del piquete en el que desapareció Santiago Maldonado y a sólo una semana del reconocimiento del cuerpo del artesano de 28 años que estuvo casi tres meses desaparecido.

 

Marco teórico

De esta manera, la reacción de la fuerza policial frente a aquellxs que hacen uso del espacio público como espacio político -de acuerdo a Judith Butler, la calle como un bien estructural- es, independientemente del derecho a transitar, por ejemplo, su manera de luchar en ese terreno de acción política. Que el protocolo incluya el delito de flagrancia -aquél que se está cometiendo en el momento y avala la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad sin orden judicial- implica la insinuación de un escenario en donde todos los derechos contemplados se limitan al criterio del personal policial.

Parafraseando la referencia de Butler a Arendt, no es menor que se haga público un protocolo de acción a días de la Marcha del Orgullo, cuando la misma acción política hará de la calle el espacio de aparición. El protocolo, siguiendo a Butler, no hace más que exponer la “precariedad” de esos cuerpos, sin ser contenidas en él sus resistencias ni relaciones.

“Toda plaza pública se define en parte por la población que podría no llegar a ella” – Judith Butler

“Toda reunión pública -sostiene Butler- está acechada por la policía y la cárcel. Y toda plaza pública se define en parte por la población que podría no llegar a ella. (…) La libertad para reunirnos en tanto que personas siempre está acechada por la detención de aquellos que ejercieron esa libertad y fueron encarcelados”. El protocolo de detención, siguiendo esta línea, no es más que una serie de pasos a seguir para sostener la “institución-industria carcelaria como mecanismo global para la regulación de la ciudadanía”.

Regulación en términos simbólicos y materiales, culturales y económicos, políticos y sociales. Regulación también a través de la exaltación de los valores vulnerables de estas identidades, de su relación con “un campo de objetos, fuerzas y pasiones” que, aunque se autodeterminen a través de la resistencia, serán reconocidos sólo a través de la identificación de sus vulnerabilidades.

Por último, y como punto de cierre aunque no menor, en el protocolo se explican las instancias en las cuales la policía debe accionar frente a la situación de tener que detener a una persona que sea ¿evidentemente? de la comunidad LGBT pero no cómo una persona de la comunidad puede hacer valer su ¿derecho? a ser detenidx por una mujer y no ser víctima de vejámenes graves. Frente a esta incongruencia, queda en evidencia de qué manera el diseño del protocolo está más puesto a disposición de las fuerzas de seguridad para legitimar sus futuras acciones que para proteger los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ al momento de ser detenidxs.

Una fuerza de seguridad que reprima de manera protocolar es casi tanto una falacia como una distopía

No es nuevo que un gobierno neoliberal controle las resistencias y luchas sociales producto de las medidas económicas antipopulares a través del uso de la fuerza, pero sí que intente, en ese mismo cometido, hacerlo pasar por un proceso de “modernización” de esas mismas fuerzas al reconocer y nombrar diversas identidades de género y orientación sexual.

Una fuerza de seguridad que reprima de manera protocolar es casi tanto una falacia como una distopía. El 18/11/2017 la comunidad LGTBIQ también marcha en repudio al protocolo de detención lanzado hace unas semanas. Se marcha, también, en repudio a la represión de unas semanas atrás. Se marcha como acción política, como resistencia, con las vulnerabilidades que confluyan, pero sin exacerbarlas.

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